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Los jueces españoles han comenzado ya el aluvión de sentencias desfavorables para la banca sobre las cláusulas suelo ilegales, aplicando la retroactividad total según el criterio marcado el 21 de diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta la fecha se conocen ya al menos una treintena de fallos que condenan a las entidades a devolver íntegramente los intereses cobrados de más desde el principio. La cláusula suelo hipotecaria explicada en un minuto.

Fuentes de distintos despachos de abogados sostienen que estos dictámenes se están dando principalmente en casos que están paralizados a la espera de la decisión del Tribunal de Luxemburgo y que se han retomado con rapidez porque el veredicto estaba claro. Para la próxima semana se espera que las sentencias se incrementen sustancialmente, ya que los jueces han llevado a cabo multitud de citaciones.

Las primeras condenas con retroactividad total se produjeron apenas horas después de que el órgano comunitario anunciara su decisión en Oviedo y en Mérida.

El Gobierno, con el fin de evitar un colapso en los juzgados y facilitar la devolución a los afectados, prepara un mecanismo voluntario extrajudicial que ha pactado ya con Ciudadanos, pero que cuenta aún con el rechazo del PSOE. Los socialistas pretenden que este mecanismo sea obligatorio. Este sistema será aprobado, previsiblemente, en el Consejo de Ministros del día 13 de enero.

Recelos al ‘arbitraje’

Los bancos recelan de este procedimiento por varios motivos. En primer lugar, porque implícitamente reconocerían que las cláusulas suelo son ilegales, algo que no comparten, especialmente algunas como el Sabadell. En segundo lugar, porque con esta especie de arbitraje el volumen de reclamantes ascendería exponencialmente, ya que los afectados tan sólo tendrían que llevar a cabo una negociación con el banco y se evitarían acudir a los tribunales. Y en tercer lugar, porque los reembolsos se harían de manera rápida, ya que el Gobierno quiere que éstos se materialicen con celeridad. El Banco de España calcula que el conjunto de las entidades tendrá que devolver unos 4.200 millones de euros.

El sistema, sin embargo, beneficia a las entidades, porque se ahorrarían las costas judiciales, que de manera general encarecen la factura en un 15-20%, y porque el código que está diseñando el Ministerio de Economía permite reintegrar el dinero a través de la amortización del capital pendiente de la hipoteca en vez de en metálico en el supuesto de que el crédito siga vivo.

El Gobierno estima que existen 1,5 millones de clientes bancarios que tienen cláusula suelo en su préstamo para la adquisición de la vivienda. Pero, no todas las cláusulas son ilegales, según el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A priori, los bancos tendrán que demostrar que los topes que impusieron en los contratos son transparentes y legales para evitarse los desembolso si se adhieren al sistema extrajudicial, que contará con representantes del Banco de España y del Ministerio de Economía que controlarán los distintos procesos.

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