El cuestionamiento de las cláusulas hipotecarias por parte de los tribunales ha llevado al Gobierno a plantear un cambio en la legislación que va más allá de la normativa europea. Las polémicos topes hipotecarios, el reparto de los costes de formalización del crédito o los condicionantes de los préstamos multidivisa han forzado al Ejecutivo a poner sobre la mesa una modificación legal que garantice la transparencia en este tipo de contrato.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, detalló ayer las principales novedades de la futura ley hipotecaria. Por un lado, los bancos tendrán que aportar a los clientes «la existencia y consecuencias» de determinadas cláusulas en una ficha de advertencia estandarizada. Esta información la tendrán que ofrecer en la fase precontractual del préstamo. Entre los criterios susceptibles de destacar figurarán, según Guindos, no sólo las polémicos suelos, sino también otros «especialmente sensibles» como los de amortización anticipada, los de gasto o las de divisas distintas al euro (yen y franco, sobre todo).