El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas con el fin de abaratar la factura de la luz que incluye desde una bajada del impuesto especial de la electricidad hasta una minoración temporal de la retribución que reciben las centrales no emisoras de CO2.
Pues bien, tras la presión recibida por la oposición y su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, el Ejecutivo rebaja hasta final de año el impuesto especial de la electricidad de un 5,1% a un 0,5%, «lo mínimo que exige la legislación comunitaria». Al ser un impuesto transferido a las comunidades autónomas se analizarán «posibles medidas compensatorias» para estas, según fuentes de la cartera que dirige Teresa Ribera.
«Las medidas suponen una rebaja de la factura para el consumidor medio del 22% hasta final de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta el 30% cuando sumamos el efecto de la congelación fiscal que se aprobó el pasado julio», ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El presidente del Ejecutivo se ha comprometido a que los consumidores paguen al final de año un recibo similar al de 2018 [con el IPC descontado], de unos 600 euros para un consumidor medio en baja tensión. El Gobierno ya ha aprobado una rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7% en el tercer trimestre, que también se alargará hasta el 31 de diciembre, con el nuevo paquete de medidas. Según Sánchez, ambas medidas suponen que el Estado deje de ingresar 1.400 millones de euros.
La rebaja del IVA afecta a los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kilovatios, siempre que el precio medio mensual del mercado de la electricidad esté por encima de los 45 euros/MWh.
Por otro lado, el plan de choque contempla también que se amplíe el importe recaudado con las subastas europeas de CO2 para cubrir cargos del sistema eléctrico en 900 millones de euros, desde los 1.100 presupuestados para este año hasta los 2.000 millones.
Menor retribución a las centrales no emisoras
Asimismo, se ha aprobado una «minoración temporal del exceso de retribución que obtienen las centrales no emisoras» (nucleares e hidráulicas) en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costesde gas que no soportan. Se aplicará una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso.
«Ahora mismo en la tramitación que hay en el Congreso de los Diputados del Fondo de Sostenibilidad para el CO2 no emitido estamos detrayendo 650 millones de euros a estas empresas, que van a ir a beneficio de los consumidores finales y otro tanto vamos a hacer también con el gas», apuntó ayer el presidente del Gobierno.
Transición Ecológica ha asegurado este martes que con esta fórmula la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mibgas y, con los niveles actuales, se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, momento en el que prevé que se hayan superado las tensiones en los mercados internacionales. Ribera ha subrayado que se respetará la rentabilidad de las empresas del sector.
Este contexto de subidas desorbitadas en el pool eléctrico está marcado por el incremento de los precios de los derechos de emisión de CO2 y del gas. La tonelada de CO2 cerró agosto con una media superior a los 56 euros por tonelada, mientras que en lo que va de septiembre se sitúa en 61,54 euros [enero estaba en 33,43 euros], según datos de SendeCO2. Por su parte, el mercado de futuros sitúa el precio del gas natural en más de 60 euros el megavatio hora, según datos de Mibgas.
Límite a la subida de la tarifa regulada del gas
También se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR). De este modo, el incremento medio en la próxima revisión trimestral [el 1 de octubre] será del 4,6%, en lugar del 29%.
Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), casi 11 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre [unos 17 millones], ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.
Además, el Ejecutivo ha puesto en marcha dos proyectos de ley para abaratar el recibo eléctrico: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya avanzó a finales de junio en una entrevista con CincoDías en las líneas que trabajaría el Ejecutivo. «En la luz no puede ser que todo sean dividendos a favor de las empresas, hay que conciliar con los consumidores», aseguró.
También se ha creado un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social eléctrico, que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5 kW durante ese periodo.
REPERCUSIÓN EN LA FACTURA
El Gobierno afirma que con este plan de choque los cargos aplicables a la factura de la luz serán un 96% inferior a los actuales. En este sentido, asegura que permitirá rebajar la parte regulada de los recibos finales de los consumidores en una horquilla que va desde el 47,2% para los hogares hasta el 24,5% para la gran industria.
