Prestaciones por desempleo, pensiones, subsidios, ayudas educativas, por compra de vivienda, becas, bono social… Conocer con exactitud cuántas ayudas públicas se conceden en España y su cuantía total es tarea casi imposible. Y así lo reconocen desde distintas fuentes de la Administración. No solo el servicio público de empleo estatal paga prestaciones a los parados, también lo hacen, de forma complementaria, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Garantizar que ningún desempleado se quede sin recibir ayudas sociales y otros las reciban por partida doble, en algún caso, es el objetivo que ha movido al Ministerio de Empleo a poner en marcha una tarjeta social inteligente, un «mapa de prestaciones» en España que permita controlar de forma más eficaz y en tiempo real el destino del dinero público, cuyo reparto es ahora desigual entre las regiones españolas y, sobre todo, imposible de controlar.
El rosario de ayudas aprobadas por las comunidades autónomas no solo carece de falta de controles que permitan identificar que su reparto es equitativo, sino que además lleva años provocando un «turismo de prestaciones», que ha dado lugar a que algunos parados hayan cambiado de ciudad para disfrutar de ayudas más elevadas. El mero requisito de estar empadronado sirve para cobrar los subsidios. No hay filtros, lo que ha dado lugar a fraudes como los cometidos hace unos años en Vitoria, donde una pareja paquistaní llegó a cobrar 10.000 euros al mes en ayudas sociales, 395.000 euros en un año.
La tarjeta social comenzó a tomar forma en la última Conferencia de Presidentes autonómicos el pasado mes de enero y aunque todavía está en fase de propuestas de las comunidades autónomas la idea es que esté operativa ya el próximo año y permita poner la lupa sobre las prestaciones públicas que cobran más de 14 millones de personas en España.
Actualización permanente
La nueva tarjeta inteligente permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones que percibe cada ciudadano. Cada uno de ellos contará con una tarjeta en la que se reflejará su historial. Prestaciones como el desempleo, pensiones y cualquier ayuda económica que gestione y pague una administración tendrá reflejo en el nuevo instrumento, también las ONGs estarán bajo lupa. Se trata también de crear una base de datos global por persona, identificando qué cobertura tiene, y en ese marco, analizar si está plenamente cubierto o no.
La tarjeta, de carácter universal, estará conectada al Registro General de Prestaciones, un instrumento de control de las ayudas que depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y cuya eficacia es muy reducida en la actualidad. El Registro fue creado en 1994 por el Gobierno de Felipe González, y tenía como objetivo la inscripción de las prestaciones sociales destinadas a personas y familias, con cargo a recursos de carácter público. Ahora la idea del departamento que dirige Fátima Báñez es que este registro en lugar de actualizarse una vez al año, como sucede en estos momentos, se actualice en tiempo real.
La intención del Ejecutivo es, igualmente, tener un control más estricto de las prestaciones públicas para evitar fraudes y duplicidades. Por ejemplo, en la percepción de las rentas de inserción que hoy conceden todas las autonomías. El Estado concede una «ayuda familiar», un subsidio de 426 euros al mes del que disfrutan parados que carecen de rentas o reciben menos de 494 euros, tienen responsabilidades familiares (hijos menores de 26 años, hijos discapacitados, que estén a su cargo y cónyuge) y han agotado la prestación por paro o bien no pueden cobrarla porque tienen cotizaciones superiores a tres meses, pero no llegan al año requerido. Y desde enero un programa adicional también concede una ayuda de 400 euros al mes durante un máximo de seis meses a los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones y tengan cargas familiares. Pero paralelamente a estas ayudas, cada comunidad, y muchos ayuntamientos, tienen sus propios salarios sociales. Y cada uno, con un nombre distinto y un importe diferente, que suele estar ligado al Iprem (537,84 euros al mes).
Madrid, región pionera
Las regiones trabajan ahora en la propuesta que enviarán al departamento de Empleo. Pero algunas como la de Madrid, ya se han adelantado y han anunciado la puesta en marcha de forma inminente de una tarjeta social que permitirá un acceso más sencillo y más rápido a todos los servicios sociales por parte de los ciudadanos.
El pasado julio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, explicó que esa nueva tarjeta evitará que muchos ciudadanos tengan que hacer «un peregrinaje» por diferentes administraciones para acceder a los servicios sociales, porque «recogerá en un solo documento -aseguró- todos los derechos y prestaciones sociales de manera individualizada
